Nuevo Real Decreto sobre Huella de Carbono: ¿Está tu empresa preparada?
El pasado 18 de marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que marca un antes y un después en la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), establece el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, y define nuevas obligaciones para las empresas y la Administración Pública.
Este Real Decreto da continuidad al registro de huella de carbono del MITECO, que lleva en funcionamiento desde 2014. A lo largo de estos años, este registro ha demostrado su eficacia para impulsar la reducción de emisiones, fomentar la absorción de carbono y ayudar a España a cumplir sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. Concretamente, hasta la fecha, se han inscrito más de 14.250 huellas de carbono y se han reconocido compensaciones de huella de carbono correspondientes a 154.406 tCO2.
¿Qué cambia con el nuevo Real Decreto sobre Huella de Carbono?
El nuevo Real Decreto amplía el alcance del registro existente para incluir nuevas tipologías de proyectos de absorción, huellas de carbono de evento, y se introducen mejoras en su funcionamiento y tramitación. Pero, además, establece la obligación de calcular la huella de carbono, elaborar y publicar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para un conjunto de empresas y para todas las instituciones de la Administración General del Estado.
Un aspecto destacable de esta regulación es que España adopta un enfoque propio, distanciándose de lo establecido en el paquete «Omnibus» de la Unión Europea, cuyo objetivo es la simplificación de ciertas normativas ambientales. La Comisión Europea quiere elevar el listón para las empresas obligadas a informar sobre sostenibilidad, estableciendo el requisito de tener más de 1.000 personas empleadas y un volumen de negocio superior a 50 millones de euros o un balance general que exceda los 25 millones de euros. Sin embargo, España se decanta por criterios más exigentes. En este sentido, se basa en los umbrales ya definidos en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, relativa a la divulgación de información no financiera y diversidad.
¿Qué organizaciones están obligadas?
Según lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, y recogido en este RD, las organizaciones obligadas a calcular su huella de carbono y elaborar planes de reducción son:
- Empresas que formulen cuentas consolidadas.
- Sociedades de capital con un número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio superior a 500, y que tengan la consideración de entidades de interés público o sean consideradas grandes empresas.
- Los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social, y otras entidades del sector público administrativo estatal.
Obligaciones establecidas
Las obligaciones concretas que se establecen en el RD son las siguientes:
- Calcular la huella de carbono de la organización, de manera anual, comprendiendo los alcances 1, 2 y 3.
- Elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
- Garantizar la fiabilidad y transparencia de los datos mediante la verificación del cálculo de la huella de carbono a través de una entidad de verificación acreditada.
Beneficios de cumplir con la normativa
Más allá de la obligatoriedad, cumplir con la normativa sobre huella de carbono trae consigo numerosos beneficios para las organizaciones. Como ha señalado la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, medir la huella de carbono permite:
- Reducir las emisiones.
- Mejorar los procesos productivos.
- Ser más eficientes y competitivos.
- Impulsar la innovación.
- Ser menos dependientes de los combustibles fósiles.
Además, permite a las empresas demostrar su compromiso con la sostenibilidad, un valor cada vez más apreciado por los consumidores y la sociedad en general.
¿Qué se pretende lograr?
Con este Real Decreto, el Gobierno busca acelerar la lucha contra el cambio climático, fomentando la reducción de emisiones y el aumento de la absorción de CO2. Se pretende crear un marco de mayor transparencia y rigor, que impulse a las organizaciones a tomar medidas efectivas para minimizar su impacto ambiental.
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